Reorganización de PetroPerú: alternativa a la crisis

El Decreto de Urgencia 010-2025 establece medidas para la reorganización patrimonial y administrativa de Petroperú a cargo de ProInversión. La norma establece mecanismos que permitirán una gestión más eficiente de esta empresa, sin que se realice una privatización. 

El 31 de diciembre de 2025 se publicó el DU 010-2025, que tiene por finalidad asegurar el abastecimiento de hidrocarburos a nivel nacional. Tal como señala la norma, la situación de la petrolera estatal evidencia una incapacidad para generar liquidez a partir de sus operaciones, lo que generaría desabastecimiento en determinados departamentos del Perú. A octubre de 2025 se contaba con una caja de apenas S/ 66 millones, cifra que sería insuficiente para cubrir sus obligaciones de corto plazo y garantizar el suministro de hidrocarburos para la población. 

Este escenario no es novedoso. Es el desenlace de inyecciones de capital y del otorgamiento de garantías estatales que no lograron revertir la tendencia negativa de la empresa, pero sí afectaron los fondos públicos. En los Semanarios 1199 y 1224 expusimos que, hasta 2025, Petroperú no era capaz de absorber los costos operativos y financieros derivados de la construcción de la Nueva Refinería de Talara y la pérdida de participación en el mercado. Por lo tanto, el decreto es la respuesta a un modelo que ya no era sostenible. 

Es importante destacar que la reorganización patrimonial no equivale automáticamente a una transferencia de propiedad. El DU introduce herramientas que permiten dividir la estructura de la empresa para hacerla eficiente. Una de ellas es la creación de bloques patrimoniales. Estos permitirán separar activos, unidades de negocio o proyectos específicos, de modo que se realice una gestión más especializada (sin que el Estado pierda su titularidad). 

Otro mecanismo previsto en la norma es la posibilidad de que los bloques patrimoniales se unan en un vehículo de propósito especial (SPV, por sus siglas en inglés). Estos son empresas creadas para aislar los riesgos financieros. De esta forma, el Estado mantiene la titularidad, pero cada SPV responde por sus obligaciones económicas y financieras de forma independiente. 

Por otra parte, disponer que Petroperú ingrese a los procesos de promoción de la inversión privada a cargo de ProInversión no supone la obligación de vender totalmente dicha empresa. Lo que sí implica es que se pueda atraer inversión privada que inyecte el capital requerido para seguir operando (por ejemplo, a través de la venta de un porcentaje de acciones de Petroperú). 

El DU también contempla modelos de gestión que mantienen al Estado como titular de Petroperú. Uno de ellos es el de la concesión de operación. A través de este, el Estado sigue siendo titular de la empresa, pero encarga al privado su gestión a cambio de regalías o cánones de gestión. Otro modelo es el de los contratos de gerencia, que permiten introducir estándares de eficiencia privada en la toma de decisiones sin venderla. 

Como se puede ver, el DU propone un listado de alternativas orientadas a la gestión eficiente y no a la venta total de Petroperú.  

De otro lado, el decreto contempla salvaguardas para garantizar el suministro en zonas donde Petroperú es el único actor. La inyección de S/ 240 millones por parte del Ministerio de Energía y Minas busca, precisamente, que la reorganización no interrumpa el flujo de combustible mientras se ejecutan los cambios estructurales. 

Las medidas por parte del DU 010-2025 deben entenderse como una acción necesaria. Se ofrecen mecanismos para atraer eficiencia mediante asociaciones estratégicas o gestión especializada de sus bloques patrimoniales. Lo que el decreto deja claro es que el modelo de "rescate sin condiciones" ha terminado. La reorganización a cargo de ProInversión es la conclusión lógica a una crisis que ya no podía sostenerse, y su éxito no dependerá de si la empresa se vende o no, sino de si deja de ser una carga fiscal para convertirse en un activo energético viable para el país.